Cleptocracia

Dice Fernando Savater en su libro “Diccionario filosófico”, al comentar la palabra democracia: “La decadencia de la responsabilidad personal (subrogando ésta en ocasiones al interés del partido político o el propio grupo, renunciando a ella otras veces con el argumento de que “la culpa es del sistema” y “todo el mundo actúa igual”) ha desembocado en episodios bien conocidos de corrupción política, lo que algunos consideran el paso de la democracia a la “cleptocracia”. Es evidente  que hay medidas legales que pueden, no remediar directamente los deslices de la frágil naturaleza humana, pero al menos acabar con su impunidad política: el control riguroso de los medios de financiación de los partidos políticos, la separación tajante entre los gestores de la cosa pública y los empresarios privados, la fiscalización de los llamados fondos reservados (que pueden ser controlados sin dejar de ser reservados), la transparencia financiera de los cargos electivos por altos que sean, etc., ayudarán sin duda a fomentar conductas democráticamente responsables  en quienes se sientan menos inclinados a ellas por la debilidad de la carne pecadora.

Escribía esto Savater en 1995. Han pasado casi veinte años y  sus palabras podrían expresarse ahora, sin que a nadie le resultasen “trasnochadas” u “obsoletas”. Cuando las he vuelto a releer, he sentido casi las mismas sensaciones de entonces, incluso si fuera hoy la primera lectura, también habría subrayado el párrafo, como hice en su momento.

Administrar la “cosa pública” creyendo que es una hacienda privada, es similar a superar con creces, reiteradamente, el límite de velocidad, tarde o temprano tendrá consecuencias fatales. La presencia de actores, que aprovechándose de la laxitud de las normas o la dejadez en su control, “hacen de se su capa un sayo” y utilizan los bienes públicos en su beneficio, o cuando no, se apropian de ellos; no exime a quienes tienen el poder, deben asumir su responsabilidad, por no haber propiciado instrumentos eficientes para evitarlo.

Las empresas privadas someten sus cuentas a auditoria externa anualmente y antes de finalizar el mes de julio del año siguiente al de la fecha de cierre, deben de iniciar los trámites de depósito en el Registro Mercantil, soportando con cargo a sus propios gastos el importe de dichos trabajos. Creo sinceramente, que la utilidad es mucho mayor para terceros relacionados con la sociedad en cuestión, que para ella misma, pero los accionistas, reciben una opinión independiente sobre el estado de la compañía.

Dicho esto, desconozco cual es la razón, para  que los partidos políticos no estén obligados a esto mismo, y sean otros procedimientos, machaconamente lentos e impropios de una sociedad moderna, los que se empleen para conocer el origen y destino de los fondos administrados por dichas organizaciones. La demora de varios años en conocerse los informes hace absolutamente inútil e ineficientes estos trabajos.

Sigo sin entender por qué se obliga mediante  ley a organizaciones privadas a someterse a una “seudo-censura” en la administración de sus patrimonios privados (con la que estoy absolutamente de acuerdo), pero otras cuyos ingresos provienen de fondos públicos, pasan “sin pena ni gloria”, disponiendo a su antojo y hurtando la pertinente información a quienes al final acabamos pagando los desafueros, Porque racionalmente todos participamos indirectamente en sus ingresos.

Tratar de encuadrar este tipo de actuaciones, haciendo valer la razón espuria, “de que todos hacen lo mismo”, cuanto menos es inaceptable. Actuar disponiendo de fondos públicos, sabiendo que el control será laxo o inexistente, es abrir la llave a los “desalmados” a campar libremente y poner en sus manos la posibilidad de realizar acciones impropias y lesivas para todos.

Pero me parece mucho peor, cuando en un partido, se pone en evidencia la aparente actuación indebida de algunos de sus miembros, que el propio partido, tenga más interés en “taparlo” que en ponerlo en evidencia. Vuelven otra vez a creer que es suyo, lo que es de todos y desde luego no son implacables con las conductas impropias e incompatibles con  la “administración del ordenado comerciante”, como dice el código de comercio, por mucho que se empeñen en hacernos creer lo contrario.

Tampoco me tranquiliza mucho la acción de la justicia, aun asumiendo que al final es efectiva; el tortuoso y lento camino en su devenir y los recursos a los que tiene derecho cualquiera para defenderse, no quedan exentos de una utilización más en detrimento de su progreso hacia la sentencia, que en la aclaración de los hechos… No tendría nada que decir al respecto, si no fuera porque en esto tampoco somos iguales todos, para este tipo de prácticas son necesarias medios humanos y dinerarios, que con toda claridad solo están al alcance de una minoría y máxime con las ultimas modificaciones introducidas en las tasas judiciales.

Como dice Cioran: “La paradoja trágica de la libertad es que los únicos que la permiten no son capaces de garantizarla”.