Dice Fernando Savater en su libro
“Diccionario filosófico”, al comentar
la palabra democracia: “La decadencia de
la responsabilidad personal (subrogando ésta en ocasiones al interés del
partido político o el propio grupo, renunciando a ella otras veces con el
argumento de que “la culpa es del sistema” y “todo el mundo actúa igual”) ha
desembocado en episodios bien conocidos de corrupción política, lo que algunos
consideran el paso de la democracia a la “cleptocracia”. Es evidente que hay medidas legales que pueden, no
remediar directamente los deslices de la frágil naturaleza humana, pero al
menos acabar con su impunidad política: el control riguroso de los medios de
financiación de los partidos políticos, la separación tajante entre los
gestores de la cosa pública y los empresarios privados, la fiscalización de los
llamados fondos reservados (que pueden ser controlados sin dejar de ser
reservados), la transparencia financiera de los cargos electivos por altos que
sean, etc., ayudarán sin duda a fomentar conductas democráticamente
responsables en quienes se sientan menos
inclinados a ellas por la debilidad de la carne pecadora.
Escribía esto Savater en 1995.
Han pasado casi veinte años y sus
palabras podrían expresarse ahora, sin que a nadie le resultasen “trasnochadas”
u “obsoletas”. Cuando las he vuelto a releer, he sentido casi las mismas
sensaciones de entonces, incluso si fuera hoy la primera lectura, también
habría subrayado el párrafo, como hice en su momento.
Administrar la “cosa pública”
creyendo que es una hacienda privada, es similar a superar con creces, reiteradamente,
el límite de velocidad, tarde o temprano tendrá consecuencias fatales. La
presencia de actores, que aprovechándose de la laxitud de las normas o la dejadez
en su control, “hacen de se su capa un sayo” y utilizan los bienes públicos en
su beneficio, o cuando no, se apropian de ellos; no exime a quienes tienen el
poder, deben asumir su responsabilidad, por no haber propiciado instrumentos eficientes
para evitarlo.
Las empresas privadas someten sus
cuentas a auditoria externa anualmente y antes de finalizar el mes de julio del
año siguiente al de la fecha de cierre, deben de iniciar los trámites de
depósito en el Registro Mercantil, soportando con cargo a sus propios gastos el
importe de dichos trabajos. Creo sinceramente, que la utilidad es mucho mayor
para terceros relacionados con la sociedad en cuestión, que para ella misma,
pero los accionistas, reciben una opinión independiente sobre el estado de la
compañía.
Dicho esto, desconozco cual es la
razón, para que los partidos políticos
no estén obligados a esto mismo, y sean otros procedimientos, machaconamente
lentos e impropios de una sociedad moderna, los que se empleen para conocer el
origen y destino de los fondos administrados por dichas organizaciones. La
demora de varios años en conocerse los informes hace absolutamente inútil e
ineficientes estos trabajos.
Sigo sin entender por qué se
obliga mediante ley a organizaciones
privadas a someterse a una “seudo-censura” en la administración de sus
patrimonios privados (con la que estoy absolutamente de acuerdo), pero otras
cuyos ingresos provienen de fondos públicos, pasan “sin pena ni gloria”,
disponiendo a su antojo y hurtando la pertinente información a quienes al final
acabamos pagando los desafueros, Porque racionalmente todos participamos
indirectamente en sus ingresos.
Tratar de encuadrar este tipo de
actuaciones, haciendo valer la razón espuria, “de que todos hacen lo mismo”,
cuanto menos es inaceptable. Actuar disponiendo de fondos públicos, sabiendo
que el control será laxo o inexistente, es abrir la llave a los “desalmados” a
campar libremente y poner en sus manos la posibilidad de realizar acciones
impropias y lesivas para todos.
Pero me parece mucho peor, cuando
en un partido, se pone en evidencia la aparente actuación indebida de algunos
de sus miembros, que el propio partido, tenga más interés en “taparlo” que en
ponerlo en evidencia. Vuelven otra vez a creer que es suyo, lo que es de todos
y desde luego no son implacables con las conductas impropias e incompatibles
con la “administración del ordenado
comerciante”, como dice el código de comercio, por mucho que se empeñen en
hacernos creer lo contrario.
Tampoco me tranquiliza mucho la acción
de la justicia, aun asumiendo que al final es efectiva; el tortuoso y lento
camino en su devenir y los recursos a los que tiene derecho cualquiera para
defenderse, no quedan exentos de una utilización más en detrimento de su
progreso hacia la sentencia, que en la aclaración de los hechos… No tendría
nada que decir al respecto, si no fuera porque en esto tampoco somos iguales
todos, para este tipo de prácticas son necesarias medios humanos y dinerarios,
que con toda claridad solo están al alcance de una minoría y máxime con las
ultimas modificaciones introducidas en las tasas judiciales.
Como dice Cioran: “La paradoja trágica de la libertad es que
los únicos que la permiten no son capaces de garantizarla”.